En periodos de emergencia, como los que Puerto Rico se ha enfrentado debido a los daños causados por huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, las instituciones públicas y privadas deben ofrecer protecciones pertinentes y razonables a la población, incluidos los consumidores que muchas veces tienen necesidades apremiantes, pero recursos económicos menguados.
Alcanzar ese objetivo requiere reforzar las medidas de protección contra los fraudes y otros esquemas abusivos perpetrados por individuos o pandillas criminales que están constantemente al acecho para, a la menor oportunidad, aprovecharse de personas y empresas.
Escudarse de los timadores abona al sosiego que ansían las familias, las comunidades y los negocios afectados, mientras se ponen en vigor pasos sólidos para reducir las repercusiones económicas y sociales derivadas de los golpes inclementes de la naturaleza.
Tras el azote del ciclón Fiona, el gobierno de Puerto Rico ha puesto en vigor ciertas medidas de apoyo atinadas que incluyen las encaminadas por los departamentos de Hacienda y Asuntos del Consumidor (DACO), igual que por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) .
El Departamento de Hacienda aplazó hasta el próximo 15 de diciembre el término para el pago del segundo plazo de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos para el año contributivo 2021. Además, postergó hasta el 18 de noviembre los embargos programados. También autorizó el retiro, sin penalidades dentro de ciertos límites, de cuentas de retiro individual, a fin de que las familias puedan resolver situaciones provocadas por el huracán. Por su parte, la AAA terminó un crédito para sus abonados debido a la interrupción del servicio del 18 al 25 de septiembre.
Mientras tanto, en el sector privado, resultan acertadas las determinaciones bancarias de eliminar cargos por pagos tardíos o mora de sus clientes. Las medidas aplican por términos definidos a hipotecas, préstamos o tarjetas de crédito. Ciertas instituciones han dejado sin efecto cobros adicionales por el uso de cajeros electrónicos. Al mismo tiempo, han contribuido a mitigar daños sufridos por su personal y han hecho donaciones a comunidades gravemente afectadas por el ciclón. Otros sectores han actuado también con solidaridad.
Es importante mantener las redes para asegurar que los ciudadanos informen conozcan las medidas disponibles para ayudar a paliar la emergencia. Estar al tanto de los detalles de las prórrogas o cambios temporales proporciona estabilidad a las finanzas personales y familiares. Además, permite planificar para responder responsablemente con las obligaciones, una vez concluidas las dispensas.
Es importante evitar poner en riesgo las finanzas personales durante o después de la emergencia. La adquisición de equipos o servicios debe estar precedida de la corroboración de la legalidad y reputación de la empresa o la persona que los ofrecen. Es crucial ponderar bien las ofertas, verificar las garantías de los productos o servicios, así como los mecanismos de reemplazo o reparación de piezas y otros aspectos previos a toda inversión, sobre todo las que requieren grandes sumas.
Ha causado preocupación el alza de querellas ante el DACO por sospechas de deficiencias solares en ciertos sistemas de placas y baterías, generadores eléctricos y otros productos designados para usar cuando se interrumpe la electricidad. Asegurar procesos expeditos para atender estas quejas es lo correcto. Esperamos que la mediación dé paso al esclarecimiento de las situaciones y al cumplimiento del ordenamiento legal, con los remedios correspondientes.
Ningún consumidor, ninguna familia y ninguna empresa debe sufrir la deshonestidad, negligencia o usura de comerciantes inescrupulosos.
Las protecciones firmes en la compra de bienes y servicios, las prórrogas razonables para obligaciones, los créditos por servicios empresariales no rendidos debido a la emergencia, y otros respiros económicos puntuales resultantes en manos amigas para el consumidor y su familia en momentos de honda necesidad.