ciertoscuropor: Francisco López Vargas.
La sociedad está en decadencia. Recibir algo que por derecho le corresponde ha sido la zanahoria con la que el gobierno de Andrés López Obrador lo ha llevado a votar por su proyecto de gobierno no importa que no haya resultados, no importa que el presidente mienta y menos que destruya un país en el que muchas estructuras servían para empoderar a una sociedad y evitar los abusos del gobierno.
En pleno siglo XXI México sigue sin entender que al gobierno siempre hay que contenerlo, exigirle que los recursos públicos prácticamente inagotables no son para el uso exclusivo y en caprichos del gobernante en turno sino para fortalecer los beneficios para los ciudadanos, que son su principal empleador y su unico objetivo.
El desmantelamiento de las instituciones del país ha sido para satisfacer caprichos.
La transición entre el Seguro Popular (SP) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se dio de manera accidental, lo cual terminó una discusión entre quienes destacan las bondades de un esquema y otro. Lo cierto es que, según las opiniones de expertos, funcionarios, exfuncionarios y legisladores, ni el modelo surgido en el sexenio del presidente Vicente Fox era tan eficiente como algunos señalaron ni el nuevo programa impulsado por el gobierno actual pudo cumplir completamente la meta de proporcionar servicios de salud a todas las personas que no cuentan con algun seguro y terminaron despareciendo.
“Es evidente que no ha funcionado (…) y va a ser reemplazado por un sistema de salud pública que garantiza la atención médica de calidad y medicamentos” para todos los mexicanos sin seguro social, que terminó desapareciendo también tres años después de dejar a 5 millones de personas sin sus tratamientos ni servicios médicos.
El Seguro Popular se planteó como un mecanismo de financiamiento a la salud, no como un mecanismo de provisión de servicios. Tenía como objetivo asegurar que la población no asalariada no tuviera que desembolsar grandes cantidades de dinero a la hora de enfrentar un padecimiento de salud debido a que no gozaba de seguro social como los operadores por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La provisión de servicios quedó a cargo de los sistemas estatales de salud, creados desde las décadas de los 80 y 90, precisamente con la descentralización de los servicios de salud.
El costo era cubierto mediante un subsidio federal proveniente de recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación y de las aportaciones familiares de los asegurados. El monto de la aportación familiar era determinado según el nivel de ingreso de cada familia.
Hasta el momento que dejó de funcionar el Sistema de Protección Social en Salud a través de su brazo operativo el Seguro Popular, tenía un padrón de beneficiados de 54 millones de mexicanos. 89% de los recursos del sistema se transferirían a los estados para operar los servicios de consulta de primer nivel y la hospitalización general en el segundo nivel de atención. Eso se complementó con un esquema para financiar la atención de alta especialidad, el Fondo de Protección contra gastos Catastróficos que reunía el 8% de la totalidad de los fondos.
De acuerdo con el exsecretario de Salud, Julio Frenk, entre 2000 y 2018 el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 210% en términos reales y su motor principal fue la creación en 2003 del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular.
El argumento además presidencial tenía que ver con una supuesta corrupción en temas de medicamentos y su distribución. Hoy, no hay medicamentos, los esquemas de vacunación infantil bajaron del 98 por ciento al 25, y tampoco hay evidencias de esa corrupción que el presidente presentó como justificación para cancelar los contratos de medicamentos.
En realidad, los recortes a programas de salud significaron 41 mil millones en este 2022, 32 mil en el presupuesto de 2018 a la llegada de este gobierno, y la debacle no ha dejado de agravarse especialmente para la gente sin seguridad social.
Hasta el nuevo y recién creado IMSS-Bienestar, que sustituirá al Insabi, tendrá un recorte del 17 por ciento en 2023 y con ello se habrá consumado la apropiación del fideicomiso para enfermedades catastróficas $8,300 millones que hasta hoy se pulverizó sin dejar huella aunque no obligación para su objetivo principal que era atender enfermos de padecimientos crónicos como el cáncer, las diálisis y aquellas enfermedades crónicas degenerativas.
En otra colaboración abordaremos el tema de seguridad pública.