«La modernización de la Justicia no se acaba en las leyes de eficiencia. Estas leyes exigen que se redistribuyan y reformulen las tareas de los funcionarios». Así lo señala a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.
CSIF coincide con el Ministerio en la necesidad de transformar y modernizar la Justicia. El Departamento de Pilar Llop tiene unos planes de cómo se debe hacer esa modernización –unos cambios organizativos, procesales y digitales–, pero este sindicato quiere que se introduzca también en esa ecuación el factor humano.
Este año se espera la aprobación en Las Cortes de esos tres proyectos del Ministerio de eficiencia de la Justicia: organizativa, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; procesal, que reforma las cuatro leyes procesales de los diferentes órdenes jurisdiccionales; y digital, que plantea las medidas de apoyo para que los avances tecnológicos sean efectivos; es decir, modificar trámites para hacerlos más ágiles.
Jordán de Urríes manifiesta que el Ministerio solo se ha centrado en la transformación externa, los Tribunales de Instancia, el exoesqueleto, y advierte que «tan importante como la nueva organización de la Justicia, es la transformación interna, la redistribución de las funciones».
¿Cómo van a afectar las leyes de eficiencia a los funcionarios?
El trabajo en las oficinas judiciales se va a ver afectado por la irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios, ya se están aplicando a la forma de trabajar, exigen unos nuevos perfiles profesionales. Y esto también implicará redistribuir las funciones que tienen atribuidas los diferentes Cuerpos (letrados, gestión, tramitación y auxilio): más gente en algunos puestos y menos en otros.
Se va a pasar de una oficina donde gran parte de los profesionales de la misma se dedican a transcribir documentos, a exigir de profesionales que puedan dar respuesta a problemas concretos, que puedan tomar decisiones que tengan un valor añadido.
Si se van a especializar los tribunales por secciones, también tiene que haber áreas especializadas, y llevar a cabo esa especialización dentro de la oficina.
«Los cambios nos llevan a un nuevo perfil de funcionario, a unas nuevas funciones, deben implicar también mejoras y oportunidades en las condiciones de trabajo»
Esos cambios que nos llevan a un nuevo perfil de funcionario, a unas nuevas funciones, deben implicar también mejoras y oportunidades en las condiciones de trabajo. Todo cambio implica un sacrificio, una adaptación, un esfuerzo, y es necesario que el personal de Justicia vea que esos cambios son a mejor y que llevan mayores oportunidades en forma de mejoras laborales y retributivas.
Por tanto, se trata, por un lado, de reequilibrar las cargas de trabajo y, por otro, de mejorar las retribuciones y las condiciones laborales.
Reforma de la Justicia sí, pero uno de los pilares de esa reforma de la Justicia tiene que ser precisamente la mejora de esas condiciones de trabajo.
¿El Ministerio no lo ve así?
Actualmente está abierta la negociación del Ministerio con los sindicatos de la reforma organizativa externa. Y en esto, nuestra principal reivindicación es que ofrecemos garantías sobre los destinos del funcionario personal, porque el proyecto de eficiencia organizativa es vago e impreciso.
Ese es el núcleo central de nuestra negociación con el Ministerio.
Hasta ahora, está siendo receptivo. Respecto a la reforma interna, hay muchos temas que aún no hemos tratado y que queremos que se implementen.
Actualmente existe el problema de la justicia tardía. Ya se están fijando juicios para marzo de 2027. ¿Las funciones están bien atribuidas?
No. Están mal repartidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que conlleva demasiados cuellos de botella.
Es absurdo que una resolución vaya 30 o 40 veces a la bandeja de firma del letrado o del juez, cuando hay multitud de resoluciones o de cuestiones que se realizan y se ejecutan materialmente por los Cuerpos de gestión y de tramitación, por lo que si las hicieron ellos se agilizarían el procedimiento.
«Las funciones del personal de Justicia están mal repartidas en la LOPJ, lo que conlleva demasiados cuellos de botella»
¿Sigue teniendo problemas con los sistemas informáticos?
Si. El pasado viernes hubo una caída del sistema informático en Salamanca y no se pudo trabajar. Esas incidencias son continuas. Nosotros siempre nos hemos quejado de la falta de interoperabilidad de los sistemas informáticos y de la obsolescencia de los equipos.
La situación tecnológica, aunque se está avanzando -hay que reconocerlo-, dista mucho de ser, desde nuestro punto de vista, la ideal, pero se está trabajando desde el Ministerio en ello.
Hay que introducir las nuevas tecnologías dentro de la Administración de Justicia teniendo siempre en cuenta al ciudadano, no solamente darle un servicio más ágil, sino también respetar sus derechos y las garantías que tiene que tener delante de un tribunal. Es decir, que se pueden hacer las cosas tecnológicamente hablando, no supone que se tengan que hacer si eso implica una merma en las garantías procesales del justiciable.
Además de la Justicia tardía, nos encontramos ante un problema de plantilla: en 2023 se habrá jubilado al menos el 32% de los jueces, más de 1.000 de los 5.500 que integran la carrera a día de hoy. ¿Se ha hecho una buena planificación de los recursos humanos?
No. Es necesario establecer una planificación a corto, medio y largo plazo, y no solamente respecto a los jueces, sino a todo el funcionario oficial de los juzgados.
Nos enfrentamos a un problema de envejecimiento en la administración pública, en general, y en particular en la Administración de la Justicia. En las promociones de mediados de los 80 entraron muchos compañeros y ahora se van jubilando.
Como no se ha hecho esa planificación de recursos humanos, existe un problema de falta de medios personales, que habría que compensar de alguna manera.
El hecho de que se creen nuevas unidades judiciales implicará también incrementar los recursos de la oficina…
exacto Quizás no en la medida que supone crear un nuevo juzgado, pero es necesario incrementar ese número de efectivos para poder atender adecuadamente a esos nuevos puestos de jueces, a esas nuevas unidades judiciales que se pueden.
Eso hay que hacerlo a través de una planificación de recursos humanos, en la que nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo tener también una participación activa.
Nosotros tenemos un lema: «ni un funcionario público de más, ni uno de menos». Esta frase es del presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. Y eso implica adelantarse a los acontecimientos. No puede suceder que porque no hayamos previsto esa jubilación, nos quedemos con órganos judiciales sin gente.
Hay que planificar bien las ofertas de empleo público y que se ofrecen todas las vacantes en los concursos de traslado.
También podemos eliminar la tasa de reposición a nivel general. La tasa de reposición para nosotros es un problema a la hora de dotar con medios personales necesarios a la Administración de Justicia.
Venimos de una falta de medios porque muchos juzgados se han creado con plantillas mínimas, luego ha habido que nombrar refuerzos, que se han tenido que renovar posteriormente, y gracias a que se ha llegado a acuerdos entre los sindicatos y el Ministerio se ha conseguido estructurarlos en plantilla porque eran necesarios, pero esto también produce retrasos.
Cuando no se dota suficientemente de personas un juzgado, se produce un atraso, que luego es muy difícil de recuperar. El atasco es muy fácil de crear, desatascar ya es más difícil y puede exigir más recursos que se podrían necesitar en un principio.
«Es absurdo que una resolución vaya 30 o 40 veces a la bandeja de firma del letrado o del juez, cuando multitud de ellas se ejecutan materialmente por los Cuerpos de gestión y de tramitación»
¿Cuáles son esas mejoras laborales que reclaman desde CSIF?
Si se establece una serie de requisitos de carácter formativo, de una formación de calidad que va a tener que seguir este personal para poder adaptarse a esos nuevos perfiles, lo que consigue la administración es que ese proceso de adaptación se haga de la forma más ágil posible. Evidentemente, habrá que reconocer ese esfuerzo de alguna manera.
Eso se llama carrera profesional horizontal, está reconocido desde 2018 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una cuestión compleja, a la que hay que dedicarle tiempo. El Ministerio, en cumplimiento del acuerdo de diciembre de 2021 ya ha iniciado la convocatoria de ese grupo de trabajo.
CSIF también reclama que haya un mínimo de garantías que posibiliten la movilidad voluntaria del personal de Justicia. Sin entrar a discutir si tiene que haber macrocentros o no, en ellos tiene que existir la posibilidad, a través de la diferenciación de determinados puestos de trabajo, de que los funcionarios se pueden mover voluntariamente a través de concursos de traslado.
Para eso, es necesario que se cree un número suficiente de áreas y de equipos dentro de esas oficinas que van a dar servicio a los Tribunales de Instancia.
¿Algo más?
Además, reclamamos la eliminación de los grupos de población, la diferente retribución que se recibe -parte del complemento general de puesto- en función de la localidad en la que uno esté destinado. Hace falta racionalizar esos grupos de población y, quizás, también racionarlos suprimiendo esos grupos o reducirlos a unos pocos, probablemente a tres, según nuestros estudios.
Esto tiene su razón de ser en que si estamos creando tribunales de instancia y abandonando la percepción de partidos judiciales, esos grupos de población van referidos también al tipo de juzgado que había en cada uno de los partidos judiciales.
Carrera profesional, eliminación de grupos de población, revisión de las guardias y un sistema de mediación pública, entre las manos de este sindicato
Asimismo, consideramos necesaria una reforma del sistema de guardias, una redefinición de las mismas, y un incremento en sus retribuciones. Es una normativa de hace 20 años, que evidentemente hay que actualizar.
Hay que ver cómo se puede mejorar el servicio y la prestación del servicio de guardias, al que, por cierto, le faltan bastantes medios.
¿Las nuevas tecnologías supondrán que se necesiten menos personales?
Siempre se ha dicho, pero en CSIF pensamos que no es así. Crean otras necesidades.
Es necesario aprovechar el capital humano que tiene la Justicia. Aprovechar no solamente los conocimientos, también las capacidades, ver también qué perfil de oficial tenemos, y qué titulaciones tienen para ver si los podemos acomodar a esas nuevas necesidades también.
Dentro de la formación y de lo que puede ser la carrera profesional o una cierta especialización, nosotros abogamos por un sistema de mediación pública. Y ahí juegan un papel muy importante los letrados, por ejemplo. ¿Y por qué no gestores licenciados en Derecho que tengan esa formación para hacer la mediación?
Probablemente, vamos a ir a una justicia donde vaya a hacer falta menos gente en la preparación de resoluciones, pero hará falta más gente, por ejemplo, para crear servicios de mediación pública. Eso es un nuevo nicho que se abre en el que podemos emplear a ese personal.
¿Y también las nuevas tecnologías suponen ahorros?
Si. Precisamente, otra de las razones que siempre se argumentan para defender la implementación de las nuevas tecnologías son los ahorros que conllevan.
Vamos a ahorrar una cantidad, pongamos 500 millones, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos parte de ese dinero, una tercera parte, en mejorar las condiciones de trabajo del personal?.
Esos ahorros que implican la utilización de las nuevas tecnologías, esa mayor agilización que provoca que se movilice más dinero, ¿por qué no se puede utilizar en mejorar las condiciones de trabajo e implantar la carrera profesional, en eliminar los grupos de población, en mejorar la prevención de riesgos laborales, y en mejorar los edificios?.
También soy consciente de que esto es más fácil decirlo que llegó a cabo.
Como decía recientemente Carlos Berbell en un artículo, parafraseando a José Mota, quizás todo esto no sea para hoy, pero esperemos que sea para mañana.
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