“En la lógica de la protección social liberal, no se concibe que se protege a poblaciones que no están supeditadas a la relación capital-trabajo asalariado”
La “protección social” está definida por organismos que responden al gran capital monopolista mundial como “un conjunto de ataques, cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de tipo social y económico, así como aliviar la pobreza y privación extremas” (https: //www.fao.org/proteccion-social).
Desde las propias definiciones como la citada, se perfila el carácter liberal -y desde la década de 1990, neoliberal- de este tipo de crisis que hacen parte de las llamadas políticas públicas ejecutadas por los Estados presuntamente para garantizar derechos sociales y económicos de la población . ¿Y qué significa decir que una “protección social” posee un carácter liberal? Simplemente que su objetivo fundamental no está en garantizar los derechos humanos de las clases sociales que sufren la asimetría del control de los recursos económicos, sino más bien, en garantizar que las relaciones sociales predominantes se mantienen y reproducen, con lo cual esa asimetría generadora de desigualdades económicas y sociales sigue reproduciéndose y ampliándose. Aspirar a “aliviar la pobreza y privaciones extremas” y no a erradicarlas, no es otra cosa que la resignación de que estas situaciones seguirán en firme, porque no se apunta hacia fulminar sus causas. Es lo que hemos experimentado en los países de nuestro continente y particularmente en el nuestro, con la puesta en práctica de tales protecciones sociales por parte de los Gobiernos, con más intensidad, desde el Estado reconfigurado luego de la invasión estadunidense en 1989.
Comencemos reflexionando sobre el caso de la Caja de Seguro Social. Desde su constitución, la protección social de la salud de los asegurados se dejó en manos de los servicios públicos, sin que esta institución le aporte a los recursos necesarios para que el ejercicio de este derecho garantizado fuera a la población asegurada. Desde el segundo quinquenio de la década de 1950, las luchas sociales forzaron a los grupos que controlaban el Estado, a reorientar el papel limitado de la institución.
Desde este momento, los grupos con poder de Estado lo visualizaron como un ente que pudo reproducir las relaciones sociales basadas en el capital-trabajo asalariado, destinando recursos para inversiones de fomento al desarrollo, como, por ejemplo, los proyectos de viviendas desde la década de 1960, hasta que en 1982 volvió a reorientarse la institución hacia el carácter asistencialista, individualista y probeneficio del capital privado, de sus primeros 20 años.
Esos proyectos colectivos de viviendas, destruidos por la avaricia de los banqueros hipotecarios y de bienes raíces que no podrían admitir que las ventas de sus viviendas estuvieran por debajo de las de la CSS, con lo que revelaban que no les interesaba que el pueblo pudiera ejercer el derecho a residencias dignas.
En realidad, los que controlaban el Estado y la CSS, desde finales de la década de 1950 hasta 1981, vieron en la protección social ofrecida por esta institución, un modo de reproducir de manera ampliada las relaciones entre capital y trabajo asalariado. Quienes destruyeron los programas que estos llevaban adelante, también buscan este propósito, pero rechazan no ser ellos los que se benefician directamente manejando los fondos y las ventas. En los proyectos de los primeros, el capital financiero no entraba en la ecuación y el capital comercial de productos farmacéuticos tenía controlado el sobresalto en los precios que hoy sufrimos, porque la existencia de un “espinoso” laboratorio de producción de medicamentos se los impedía. De allí que estos grupos del capital privado se salieron con la suya; los banqueros y rentistas, enredando al pueblo con el “escándalo de los proyectos colectivos de vivienda” y los mercaderes de medicamentos, aprovechándose del escándalo del “dietilenglicol”, donde se liquidó totalmente al mencionado laboratorio y se dio aún más rienda suelta al comercio farmacéutico .
En la lógica de la protección social liberal, no se concibe que se proteja a poblaciones que no están supeditadas a la relación capital-trabajo asalariado. Es el caso de la exclusión directa que se hace de los trabajadores informales; de los campesinos y otros conglomerados de trabajadores que no operan en este modo de relación capitalista. En estos casos, el capital financiero internacional ofrece el endeudamiento externo para programas de subsidios, con lo cual su negocio de drenar nuestros recursos está garantizado. Esto, a costa de que nuestras riquezas generadas, en vez de orientarse a la inversión para el desarrollo tienen que destinarse al pago de dicha deuda.
Sociólogo y catedrático investigador de la UP.