Aunque las negociaciones del último tramo de la reforma de pensiones se están llevando a cabo con más sigilo que nunca, tal como han demandado los agentes sociales, EL OBJETIVO ha podido saber que sea cual sea la nueva fórmula para operar un aumento de los años computables para el cálculo de la base reguladora que determina la pensión, el Ejecutivo está estudiando aplicarla muy gradualmente, de forma progresiva hasta 2050.
El Gobierno trabaja en un cambio al alza en el número de años de vida laboral computable para calcular la importación de las pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha descartado tajantemente que ese aumento vaya a llegar desde los 25 hasta los 35 años de dedicación laboral, y su equipo trabaja en la fórmula a través de la cual utilizará de forma paulatina el cambio, sin haber trascendido a cuántos años de vida laboral afectaráde forma que cuando la medida se implant no suponga un quiebro arrepentido entre los jubilados de dos ejercicios consecutivos.
Una de las diatribas que ha causado el horizonte de próximo aumento de los años computables para el cálculo del importe de la pensión es el hecho de que la realidad vigente del mercado laboral podría deparar casos en que el incremento de los años tenidos en cuenta para el cálculo menoscabase con especial dureza las futuras pagas de trabajadores que, a diferencia de lo más habitual hace años, han percibido salarios y emolumentos menores en el último tramo de su vida laboral.
Margen para descartar los peores años
Por ello, desde la mesa de negociación de las pensiones se plantea que el trabajador tenga algún margen para elegir. En definitiva, que, a la hora de su jubilación, pueda eliminar los periodos que considere sus peores años de cotización para verse menos perjudicado en la minoración de la futura paga. En este punto, este diario ha podido saber que el Gobierno sopesa que se pueden eliminar los seis peores años de cotización.
Por otra parte, desde la cartera de Escrivá también se trabaja en un destope de las bases máximas de cotización correlativo a un aumento de la pensión máxima, pero no de igual dimensión.
Ahora mismo, la base máxima de cotización son 49.672,8 euros, aunque el salario del cotizante sea de 60.000 euros, de 80.000 euros o superior. Es decir, a partir de ese umbral, todo asalariado cotiza por ese concepto lo mismo. Con el destope se pretende elevar ese umbral o generar otros nuevos para atraer ingresos extra de los salarios más altos.
Este destope de la base máxima, según las recomendaciones del Pacto de Toledo exige una elevación de la pensión máxima, actualmente en 2.819 euros, para no contravenir el principio de contribucion. Es decir, una proporcionalidad entre las cotizaciones y las pensiones.
Destope más rápido que el alza de la pensión máxima
Fuentes conocedoras de la negociación confirman a este diario que el destope de la base máxima -ahora situada en 49.672,8 euros- se hará más rápido que el aumento de la pensión máxima, de modo que se preserve la contributividad que marcan las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero sin ser de la misma cuantía, habida cuenta de que la reforma de las pensiones españolas que monitorizará Bruselas ha de convencer de que las proyecciones de gasto se atemperan a medio plazo.
En el ámbito de la negociación se ha optado por una mayor confidencialidad para evitar generar dudas y también cambios de planificación en trabajadores cercanos a la edad de jubilación.
La misión europea que visitó España este mes de septiembre para examinar las reformas acometidas por el Gobierno a las que está asociada la recepción de fondos europeos manifestó su interés por la configuración definitiva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y asegurará esperar hasta ver las proyecciones de ingresos y gastos a las que apuntará el conjunto de la reforma en aras de comprobar la sostenibilidad a medio plazo del Sistema.
Bruselas monitoriza la sostenibilidad
No en vano, el MEI -a espera de eventuales cambios- se ha concentrado en una subida de 0,6 puntos en las cotizaciones (0,5 pagados por la empresa y 0,1 por el trabajador) que entrará en vigor en 2023pero no contempla ningún parámetro que nivele el gasto en pensiones en función de la esperanza de vidacomo demanda Bruselas y como sí recogía el Factor de Sostenibilidad (FS) introducido por la reforma de 2013 del Partido Popular.
La preocupación de los expertos es que la revalorización de las pensiones con el IPC medio de los doce meses anteriores a noviembre de cada año -en este caso en máximos de inflación de tres décadas- el destope de las bases de cotización y la aplicación del MEI sin retoques no consigan que el Gobierno español exhiba una contención del gasto en pensiones sin medidas adicionales.
Según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, formado por expertos de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Valenciala revalorización de las pensiones en 2023 se estima en 12.334 millones de euros incluyendo también las pagas no contributivas y las del régimen de Clases Pasivas.